Por Martín G. Iglesias
Ayer escuché un comentario de la exdiputada federal panista Patricia Sánchez Carrillo, quien por medio de su cuenta de Facebook hace un análisis de las pasadas elecciones, pero sin decir nombre, señala el gandallismo de Eduardo Martínez Arcila para quedarse con la diputación plurinominal del PAN en la XVI Legislatura.
Pero no solo “Paty” Sánchez devela la ambición de Martínez Arcila, sino también la diputada independiente Sonia López Cardiel, quien advirtió que el decreto que aprobó el Congreso del Estado para las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo (Decreto 302) no aparece en ningún lado, lo que acusó que puede ser un “albazo” por parte del bloque de Eduardo Martínez Arcila, para perpetuarse en el poder.
Literalmente la presidente de la Comisión de Salud en el Congreso expresó que se da cuente que “desde ayer se orquesta otro ‘Paquete de Impunidad’ para cerrarle el paso a la legislatura entrante, donde la mayoría es de Morena… Quieren modificar el dictamen para seguir manipulando. Estamos con los ojos puestos, porque no podemos permitirlo. Lo que quieren es volver a orquestar algo para no perder el poder”.
Y es que, no sólo no es perder el control del presupuesto del Congreso para el 2020, sino también Eduardo Martínez Arcila quiere borrar toda huella de su mala administración, pues de él dependía autorizar todos los gastos, la renta de vehículos de lujos para sus amigos, los bonos navideños de cada legislador, bonos de gasolina, ayuda social y la asignación de presupuesto para las secretarías y municipios del Estado. En materia de recursos humanos él nada podía pasar si no estaba “palomeado” por el poderosísimo presidente de la Gran Comisión. A nadie le rendía cuentas, no hay que decir que hasta sus bacanales son cargados al erario de la Legislatura.
Esta conducta de Martínez Arcila no es nueva, pues en el 2015, cuando era el dirigente Estatal del PAN, el consejero nacional, Mario Rivero Leal y la dirigente del PAN en Benito Juárez, Jessica Chávez García denunciaron el mal uso de los recursos públicos que reciben como parte de las prerrogativas. Como dice el dicho “perro que come huevo, aunque le quemen el hocico”.
Según Mario Rivero y Jéssica Chávez, en el 2015 el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) aprobó la entrega de 6 millones 76 mil 66 pesos con 46 centavos de gasto ordinario al PAN, además de los recursos que el INE proporcionó a la dirigencia nacional para el proceso electoral federal, y que al tener tres candidatos a las diputaciones también les fueron entregados recursos; sin embargo a la fecha solamente el dirigente estatal, Eduardo Martínez Arcila y el tesorero, Gerardo García saben a ciencia cierta cuánto fue el monto total.
Luego entonces, la llegada de los morenistas a la XVI Legislatura, donde también estará Eduardo Martínez, tiene nervioso al presidente de la Gran Comisión, pues éstos van con la idea de acabar con el ‘paquete de impunidad’ panista que se orquesta desde ayer en el Congreso Local. Además de la auditoría que está pendiente por mandamiento de un juez.
SASCAB
No están contentos con los resultados electorales del Distrito 8 y el Distritos 10. Así el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) deberá pronunciarse por dos Juicios de Nulidad, interpuestos por el Partido Acción Nacional (PAN) en el Distrito 8, y por Morena en el Distrito 10. En el primer caso es en contra de la victoria del candidato del Partido Verde, Gustavo Miranda García; el segundo, el equipo de Juan Carlos Beristain Navarrete aseguró que existían suficientes elementos para solicitar la nulidad de la elección en el Distrito 10, en donde se impuso la panista Lili Campos Miranda.