Por David Acosta
Han pasado nueve meses desde que el gobierno de Mara Lezama reveló la “negligencia” en el sexenio de Carlos Joaquín que ocasionó la pérdida de siete mil 705 millones de pesos, que eran producto de presunta corrupción en la administración de Roberto Borge. El caso quedó archivado para proteger al ahora embajador de Canadá.
Desde que se hizo público el hecho, el 21 de octubre del 2024, por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Reyna Arceo Rosado y el fiscal Anticorrupción, Edgar Ramírez Morales, ambos deslindaron al exmandatario.
En su momento aseguraron que ni siquiera el excontralor, Rafael del Pozo Dergal estaba involucrado, pese a que tenía directamente a su cargo el seguimiento de los expedientes de investigación que se dejaron prescribir y que propiciaron que el recurso del erario no se pueda recuperar.
La negligencia fue anunciada con bombo y platillo, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), en una conferencia organizada por la Coordinación de Comunicación Social (CGC) y con la presencia también del cuestionado consejero Jurídico, Carlos Felipe Fuentes del Río.
Anunciaron sendas investigaciones, pero como si fueran parte del coro de una estudiantina se ocuparon en declarar que Carlos Joaquín no fue el responsable y que el “descuido” apuntaba a funcionarios menores de la ahora extinta Secretaría de la Contraloría, y agregaron que por el debido proceso no podían dar los nombres de los presuntos responsables.
Es decir, exoneraron a Carlos Joaquín de forma anticipada, pese a supuestas investigaciones en curso. Por esta razón, desde el día de la conferencia el caso sonó a complicidad y a una estrategia del gobierno de Mara Lezama para proteger al exgobernador y justificar la pérdida de los siete mil 705 millones de pesos.
Es imposible creer que Carlos Joaquín no está involucrado la prescripción de los expedientes, cuando en su sed de venganza persiguió las presuntas corruptelas del gobierno de Roberto Borge, por las que interpuso decenas de denuncias que llevó a varios exfuncionarios a las cárcel. Su antecesor, aún sigue tras las rejas.
El yucateco hasta puso como lema de su administración: “el que la hace la paga” y no se movía nada sobre los expedientes de corrupción, sin que él diera el visto bueno.
Durante su sexenio el entonces mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador dijo algo cierto: los actos de corrupción siempre llevan el visto bueno del presidente.
Lo mismo aplica en el plano local, los gobernadores no solo están enterados de las irregularidades y actos de corrupción, sino que en ocasiones son los que dan las órdenes. Para otro ejemplo, solo hay que voltear a ver el escándalo que trae Adán Augusto López Hernández, senador y exgobernador de Tabasco, con el escándalo de corrupción por huachicol con “La barredora” y su exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena. Al ahora legislador federal nadie le cree que fue “chamaqueado”.
La Cuarta Transformación exonerando a Carlos Joaquín de manera anticipada solo evidencia su proteccionismo y complicidad con Carlos Joaquín, pues en cualquier investigación transparente y apegada a derecho, deben llegar hasta las últimas consecuencias. Claro está que es un pago de factura porque el exgobernador ayudó a la 4T a llegar al gobierno de Quintana Roo.
Como siempre en todo este entramado las que salen perdiendo son las familias quintanarroenses, pues ese recurso pudo recuperarse y ser destinado para seguridad, salud, obra pública u otro rubro importante.
Payo Obispo
Una mentira más es la investigación que asegura Mara Lezama hará la Mesa de Seguridad para corroborar o descartar las declaraciones del exsecretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, quien aseguró que Carlos Joaquín vendió Quintana Roo a la delincuencia.