Por Martín G. Iglesias
Escuchar al secretario de Obras Públicas de Quintana Roo, William Conrado Alarcón, cuando da justificaciones por la falta de construcción de infraestructura en el estado, es preocupante, no solamente para la industria de la construcción, sino en general para el sector productivo.
Apenas hace unos días declaró que para 2020 será más evidente el rezago en infraestructura en la entidad, esto por los recortes presupuestales de la Federación, pues para la entidad tan solo habrá aproximadamente 140 millones de pesos; sin que los recursos generados en la Entidad puedan ser apoyados para los proyectos de obras públicas.
Pero esto no es por los recortes, pues desde el 2017 la obra pública se mantuvo al mínimo en Quintana Roo, parece que el Estado no tienen la capacidad para realizar sus propias obras, pese a la entrada de recursos por parte del sector turístico, donde se presume que somos la entidad con mayor número de empleos y una tasa de desempleo muy baja; pero es debido a la inversión privada, porque el responsable de proveer el empleo está ausente y justificando su incapacidad.
Hasta ahora este gobierno de “El Cambio” no ha entendido que se necesita infraestructura vial, educativa, cultural, de seguridad, de salud, deportiva y recreativa; solo se ha dedicado a administrar los recursos de los quintanarroenses en dispendios de todo tipo, menos en la obra pública que es el motor generador de economía local y puede así mejorar la calidad de vida de las comunidades. Están esperanzados en que se lleve a cabo el proyecto del Tren Maya para poder decir que se genera empleo.
Ya lo dijo el Secretario de Obras Públicas, William Conrado, que se tenían considerados al menos 45 obras a realizarse en los 11 municipios; sin embargo, estos no podrán ser llevados a cabo a menos que el gobierno federal disponga una bolsa de recursos especiales a las que las entidades puedan acceder independientemente a lo destinado para este rubro en cada una de ellas.
Tres años después no se ha comprendido que la infraestructura no es un fin en sí mismo; más bien, es un medio para garantizar la generación de bienes y servicios, que promueve el bienestar social, el desarrollo sostenible y la creación de fuentes de empleo. Por todo ello, genera un alto valor agregado que contribuye al desarrollo sostenible de la economía de Quintana Roo. Es el detonador de riqueza por excelencia.
Pero no solo el gobierno del estado es el responsable que no exista mayor infraestructura en Quintana Roo, también los legisladores federales, diputados y senadores, son corresponsables, pues ellos deberían ser gestores de recursos públicos por parte de la federación para que haya inversión en la materia; pero no, las y los diputados federales se han dedicado a autoalabarse utilizando sus medios de información, a viajar por todo el país, a utilizar su influencia para recomendar a familiares y dividir políticamente a la población. No hay un solo legislador federal que pueda decir que gestionó “n” cantidad de millones de pesos para obra pública en Quintana Roo.
Por si no se han dado cuenta, las principales razones que explican los problemas de infraestructura en Quintana Roo: la ausencia de proyectos estratégicos por falta de una visión de largo plazo, siendo condicionados el desarrollo y la continuidad de una política de infraestructura al periodo del sexenio en turno; y la falta de coordinación eficiente entre los tres órdenes de gobierno, que se traduce en infraestructura fragmentada, con propósitos difusos, la cual, en ocasiones, no resuelve las necesidades inmediatas de provisión de bienes y servicios para la población. Parece que cada quien atiende a sus intereses en perjuicio de la comunidad. Hasta ahí…
SASCAB
La situación que viven directamente los cozumeleños por el aumento de tarifas en el cruce de Playa a Cozumel y viceversa, se torna desesperante y se le hace un llamado a la Federación y a los diputados, específicamente a la Dirección de Marina Mercante, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) para que dé marcha atrás a la autorización del aumento a las tarifas de las navieras Ultramar y Winjet; pues la situación económica de las familias quintanarroenses no es boyante.
Pero no solo eso, sino que ahora también Ultramar quiere que les autoricen los acuataxis; pese que aquí la titular de la Administración Portuaria Integral (Apiqroo), Alicia Ricalde Magaña anunció que no dará anuencia a la empresa para operar dichos acuataxis en muelle San Miguel de Cozumel. “Tenemos que darle prioridad a los pasajeros que lleguen al muelle San Miguel por la ruta federal por las dos empresas que brindan el servicio, por ello Ultramar no tendrá el permiso para operar acuataxis en el muelle” indicó; hay que proteger la economía local.