Chetumal.- Indignados por la falta de firmeza y compromiso en la defensa del territorio, habitantes de las comunidades limítrofes Guillermo Prieto, Felipe Ángeles y Caña Brava acusan al líder de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso local, Gustavo Miranda, de tibieza y desinterés para luchar por las comunidades quintanarroenses.
Por el contrario, dijeron que ha señalado que es posible que pertenezcan a Campeche y, por ello, acudieron a la sede del Poder Legislativo del estado para exigir a los legisladores, a través de un escrito, la lucha por el territorio.
Los habitantes de poblaciones limítrofes responsabilizan a los legisladores de negociar esa parte de la demarcación quintanarroense.
Y es que la falta de una postura firme ante Campeche mantiene a estas comunidades sin el servicio de agua potable, vulnerando así un derecho humano asentado en la Constitución.
En un escrito firmado por los líderes de las demarcaciones involucradas en el lío limítrofe, aseguran que Gustavo Miranda ha actuado con tibieza y entregismo frente a las peticiones del gobierno de Campeche sobre el reclamo de la ejecución de las sentencias de amparo que obliga a las autoridades estatales a garantizar servicios como el acceso al agua potable, porque supuestamente vulneran la soberanía de la entidad vecia.
Para dotar a la gente de este servicio, el Congreso del Estado de Quintana Roo destinó 100 millones de pesos para este año, en cumplimiento a la orden de un juez; sin embargo, los defensores de Campeche consideraron que cumplir con esto trasngredería la suspensión de la orden, que según ellos sigue vigente.
En la búsqueda de justicia, los representantes de las comunidades aseguran que es deber de Quintana Roo cumplir con la orden judicial de dotar de servicios públicos –como el suministro de agua potable– a las comunidades de la franja limítrome.
“Los efectos de tal suspensión siguen vigentes e imponen el deber a las autoridades del Estado de Quintana Roo de continuar prestando los servicios públicos a la población que habita en la franja territorial que es materia de la controversia, en forma y términos que lo venía prestando y también las constriñe de abstenerse de realizar cualquier acto, que formal o materialmente amplié o modifique la jurisdicción que conservare al momento de emitirse dicha medida cautelar”, dicta la misiva.
Sin embargo, Campeche reclama porque ocnsidera que las comunidades amparadas pertenecen a su territorio (pertenecientes al municpio de Calakmul).
El argumento de la Consejera Jurídica de Campeche continua diciendo que “en dicha congregación el Estado de Quintana Roo nunca ha ejercido actos de autoridad por lo consiguiente, éste no puede dotar de agua ni de ningún otro servicio a una comunidad que no forma parte de su territorio…”.
Sin embargo los líderes insisten en que no existe violación a la suspensión que hace referencia el Gobierno de Campeche, toda vez que las comunidades en cuestión pertenecen a Quintana Roo.
“Las autoridades pueden ejecutar las sentencias de amparo (dotar de agua potable) y la suspensión decretada por el Ministro Instructor de la Controversia Constitucional 226/2019 no aplica para el presente asunto (zona geográfica donde se ubican las comunidades de Caña Brava, Felipe Ángeles y Guillermo Prieto), tan es así, que hoy en día tanto la Comisión de Agua Potable como la Secretaria de Finanzas de Quintana Roo se encuentran realizando actos tendientes a dar cabal cumplimiento a dichas sentencias”.
Acusan al diputado Gustavo Miranda de entregusmo al asegurar que se han abstenido respetando la postura de Campeche.
“Como ha quedado precisado, para el Congreso de Quintana Roo no hay seguridad de que las comunidades de la zona limítrofe sean de Quintana Roo, toda vez que, según ellos, están ´respetando la abstención decretada de no realizar ningún acto que amplíe o modifique la jurisdicción que conservare al momento de emitirse dicha medida cautelar’, es decir, para ellos Campeche pudiera tener razón en sus pretensiones”, señalan en el escrito.
Finalmente, conderaron enérgicamente la actitud asumida por la administración del Poder Legislativo y solicitaron una reunión urgente con los diputados.
“Lamentamos que el Dip. Gustavo Miranda únicamente utilice el tema limítrofe como un asunto de discursos en favor de la causa en litigio, sin embargo ante los Juzgados Federales su administración muestra tibieza ante los señalamientos infundados del Gobierno de Campeche”, concluyeron.
Firman, Carlos Pérez Flores, Comisario Ejidal de Guillermo Prieto; Inés Álvarez Bartolo, Subdelegado Municipal de Caña Brava; Mateo López Martínez, representante común de los quejosos de Felipe Ángeles; y Andrés Blanco Cruz, asesor jurídico de las comunidades de Caña Brava, Felipe Ángeles y Guillermo Prieto.
(Capital News)
