Por Martín G. Iglesias
Los desacuerdos entre el gobierno de Solidaridad que preside Laura Beristain Navarrete y el gobierno de Carlos Joaquín González parecen no tener fin. Al grado que el tema del “Mando Único” impuesto por el gobernador de Quintana Roo al municipio solidarense llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues el 14 de mayo de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado que el Ejecutivo tomaba el control de la Dirección de Seguridad Pública de Solidaridad, algo que fue efectuado esa misma noche, instalándose un “mando único” de facto a cargo de Jesús Alberto Capella Ibarra.
Dicho decreto justificaba “el mando único” por el aumento en los índices delictivos, situación de emergencia con lo que se asumió la seguridad “con carácter excepcional, limitado y estrictamente temporal”, debería haber concluido el 10 de septiembre de 2019 según el propio decreto.
Hoy miércoles la ministra Margarita Ríos Farjat en la Primera Sala presentará sus argumentos para dar marcha atrás o ratificar el “mando único” en Solidaridad, que sembrará un precedente en los otros diez municipios de Quintana Roo, pues habrá jurisprudencia al respecto.
Pero no solo ese asunto está en la SCJN también la Corte tendrá que destrabar las controversias constitucionales que tiene el municipio de Solidaridad con el Estado y el Congreso del Estado; una queja de la empresa Multiproductos de Seguridad Privada, S. A. de C.; y un tema de derecho de réplica del expresidente municipal de Solidaridad, Filiberto Martínez Méndez.
El expediente 85/2017, que tiene que ver con el “recurso de queja” interpuesto por Multiproductos de Seguridad Privada, S. A. de C. V., en contra de la resolución de 11 de mayo de 2017, dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en el incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia dictada el 9 de julio de 2015, en el juicio de amparo 226/2015-I, que estuvo a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Otro asunto, el 121/2019 se trata de la “Controversia Constitucional promovida por el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del mencionado Estado, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 16 de enero de 2019, mediante Decreto 298 a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
El tercer tema tratado es el 60/2018, que es el Incidente de inejecución de la sentencia dictada el 10 de agosto de 2017 por el Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, en el toca civil 138/2016, que modificó la diversa dictada por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en el procedimiento especial de derecho de réplica 153/2016, promovido por Filiberto Martínez Méndez a cargo del Ministro Javier Laynez Potisek.
Como dice la propia ley, la SCJN es la que tiene la última palabra en temas de controversias constitucionales, con el propósito que nadie abuse de su poder, solo que los ciudadanos en la mayoría de los casos no tienen acceso a este tipo de justicia, quizá por desconocimiento de los procedimientos para poder llegar a estos estrados.
Lo que sí es cierto es que el tema de seguridad en Solidaridad no cedió por decreto, al contrario, los índices de inseguridad siguen en aumento.
SASCAB
Los jaloneos de grupos que existen en el Congreso del Estado rayan en lo irónico, pues un día se da a conocer la destitución de tal o cual funcionario y a las horas se da marcha atrás. Un día se dice que se cobrará un impuesto y al siguiente se da marcha atrás; se dice que se armará otro consejo maya y luego se pide la unidad. Rogamos que los integrantes de la XVI Legislatura cabildeen sus asuntos antes de darlos a conocer al público.