Por David Acosta
CHETUMAL,, QR.- Además de ser un triunfo para Quintana Roo, la resolución del juzgado federal que cancela la prórroga de concesión del servicio de agua potable a la empresa Aguakan hasta el 2053, demuestra que el contrato fue irregular, aseguró el diputado federal, Humberto Aldana Navarro.
Destacó que el Juzgado Octavo de Distrito ya había otorgado la suspensión provisional y definitiva a la compañía Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., mejor conocida como Aguakan, y en contra del decreto 195, aprobado en la XVII Legislatura, en la que fungió como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), así como promovente de la iniciativa.
Aunque resaltó que se pudo dar la batalla y se robusteció el expediente con todas las evidencias recabadas por el equipo jurídico, pues era evidente que el decreto 250 del 2014, que prorrogó la concesión estaba viciada de origen, con temas ocultos incluso para los legisladores que en ese tiempo votaron a favor.
Pero con el fallo del juez Mario Fernando Gallegos León finalmente se otorga la razón a la Legislatura, que aprobó la cancelación de la concesión, y al estado.
La empresa está en su derecho de continuar con su defensa legal, pero esta situación deja un precedente legal importante para las siguientes instancias en las que se quiera seguir con el proceso jurídico, emncionó Aldana Navarro.
Ahora, dijo, no se analizará el tema bajo premisas falsas, pues en estos momentos la empresa tiene la carga de demostrar lo contrario que resolvió el Juzgado Octavo de Distrito. Si embargo, confió en que con este fallo, el Gobierno del Estado recuperará el servicio de agua potable de los cuatro municipios del estado que atiende actualmente Aguakan: Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.
“Es un triunfo para el pueblo, porque el pueblo demandó y clamó en su momento que se revocara la concesión, a nosotros nos correspondió realizar el trabajo legislativo”, enfatizó.
La resolución del juez es un paso importante, hasta el momento nadie había logrado algo así en épocas anteriores con respecto al retiro de la concesión.
En lo que hay que trabajar ahora es la forma en la que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado recibirá el servicio, pues consideró que la paraestatal ha sido fortalecida por la administración de Mara Lezama, luego que en gobiernos anteriores fungió como “caja chica”.
Desde su punto de vista el retiro de la concesión a la empresa no implica ningún pago de contraprestación por parte del Gobierno del estado, por el contrario habrá que analizar si no habrá sanciones para Aguakan, luego de tener de forma irregular el contrato a partir del 31 de diciembre de 2023.
“No se les puede compensar por un servicio tan deficiente y diganósticos adversos por la prestación del servicio que se comprometieron a ofrecer, creo que el juez de otra instancia si revocara de manera definitiva, en caso de que Aguakan continúe con su defensa jurídica, lo hará simplemente para que dejen de funcionar”, consideró.
Los activos y pasivos tienen que ser entregado al Gobierno del estado, a través de CAPA y en cuanto al personal es posible que pasen a formar parte de la plantilla, pero esa determinación será de la administración estatal, que encabeza Mara Lezama. Pero bajo el esquema que se trabaja de pensar primero en la gente, los últimos afectados serían los trabajadores.
Aunque reiteró que primero se tiene que terminar con el tema jurídico, posteriormente la entrega de pasivos y activos a la CAPA, para dar paso al personal y la operatividad.
Pese al fallo del Juzgado Octavo de Dsitrito, el proceso legal podría continuar en el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, incluso llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En los cuatro municipios que presta el servicio Aguakan, el padrón de usuarios es de 453 mil 284. Mientras que la CAPA atiende Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, en donde la cifra de clientes asciende a 168 mil 121.