Por David Acosta
Uno de los pendientes del Gobierno del Cambio, sin duda, es la calidad y la suficiencia en el servicio del agua potable. A Gerardo Mora Vallejo, titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), le ha quedado grande el cargo y el logro más destacado de su gestión ha sido destruir las calles de la capital del estado y convertir al organismo de una paraestatal a un negocio que está dejando incluso a familias de escasos recursos sin patrimonio.
En los más de tres años de estar al frente, Mora Vallejo no ha dado los resultados que los usuarios necesitan y piden a gritos. Contrario a ello busca afanosamente incrementar las tarifas de los servicios a través de una iniciativa que califica como moderna y acorde a las necesidades actuales, sin embargo el único fin que tiene es exprimir más el bolsillo de los quintanarroenses.
Los costos no tienen una claridad de cómo se calculan, fórmulas extrañas que solo la CAPA entiende y que incluye drenaje y saneamiento. Aunque las familias solo puedan gozar del agua por escasas horas durante el día, generalmente por la mañana y noche a esto hay que sumarle la mala calidad del líquido que hace impensable la posibilidad de consumirla, es agua con exceso de tierra sascab, pero es vendida casi como agua embotellada y tratada.
El servicio se clasifica por doméstica, comercial e industrial. El primero representa el porcentaje más alto, pero de manera global la CAPA tiene alrededor de 170 mil usuarios. Al costo altísimo del agua que pagan los usuarios hay que sumarle lo que las familias gastan en agua embotellada para consumo, debido a que tomarla de la llave es imposible y el costo por garrafón de 20 litros va de los 15 a los 30 pesos .
La situación es crítica para la paraestatal pues se encuentra en quiebra técnica y quiere a costa de los usuarios salir de la crisis que han provocado con la mala administración, pues ha sido vista como una empresa particular de donde se sirven para todo tipo de cosas, se ha convertido en la caja chica del llamado Gobierno del Cambio que encabeza Carlos Joaquín González.
Los malos manejos, la falta de estrategia y sobre todo la incapacidad para gestionar recursos ante las autoridades competentes, han llevado al traste a este organismo que dota de agua a ocho de los 11 municipios de la entidad.
El agua como derecho humano también ha sido utilizado por esta empresa estatal para exprimir a los usuarios de una manera extrema, al grado de que muchos usuarios han perdido su patrimonio, a través de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF), la mina de oro no solo de Gerardo Mora Vallejo, sino del Gobierno del Cambio.
No por nada, el perredista director de la CAPA está en desacuerdo con la propuesta de la desaparición del DRAEF, que muchos de los diputados que hoy ocupan las curules en el Congreso del Estado, prometieron en campaña y que han olvidado por convertirse al oficialismo.
Gerardo Mora ha presumido que en los más de tres años que lleva la administración estatal, se han invertido más de mil millones de pesos en obras y trabajos de infraestructura hidráulicas, no así en el saneamiento en donde ha sido mínimo. Sin embargo el beneficio no se observa y la gente sigue padeciendo por la mala calidad del líquido y del abastecimiento.
Las obras solo han servido para destruir las calles de los municipios en donde han sido ejecutadas, en especial en Chetumal en donde se sigue padeciendo los baches, lodo y carreteras que parecen zona de guerra, pues los trabajos inconclusos y de mala calidad acrecentaron más la molestia contra la paraestatal.
Estos trabajos han costado también la vida de al menos cuatro personas en el 2019, todas ellas en Chetumal. Tres fallecieron durante el cambio de ductos de drenaje sanitario y uno más al realizar trabajos en un cárcamo.
Mora Vallejo se ha olvidado que la CAPA si bien es cierto es una empresa, pero es una paraestatal y esto lo hace ser un prestador de servicio en favor de la sociedad, no debe de pensar solo en obtener recursos.
Y si quiere tratarlo solo como empresa, primero tendrá que mejorar su servicio antes seguir incrementando su costo, como lo pretende a través de una propuesta ley que está por ingresar al Congreso del Estado. Tan sencillo como eso el cliente paga por calidad en el servicio, no al revés.