Por David Acosta
El baile de damas del carnaval 2025, programado para el próximo 7 de febrero, pone otra vez en el ojo del huracán al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de Familia (DIF) y
recuerda la necesidad de revisar lo que ocurre al interior de ese organismo, que como en pasadas administraciones, su actual presidenta Verónica Lezama Espinosa, tiene un “cheque en blanco”, por estar protegida por su hermana la gobernadora María Elena Lezama Espinosa. De lo que se recauda en esto eventos nunca se rinde cuentas.
Este baile, que de nueva cuenta se realizará en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, ha sido cuestionado desde gobiernos anteriores, porque se aplican millonarios recursos públicos y no se informa fehacientemente a dónde van a parar las ganancias que se obtienen. Solo se pretexta que se aplican en programas de beneficio social, que tampoco se ven por ningún lado.
La falta de transparencia es el principal señalamiento para este baile organizado por el Voluntariado del DIF, pero cuyos gastos corren por parte del organismo a cargo de Verónica Lezama y de Abril Sabido Alcérreca, su directora general.
El “rumor” de la presentación del intérprete de “Tiempo de Vals”, Elmer Figueroa, mejor conocido como Chayanne, revivió la necesidad de realizar una verdadera auditoría, pues por eventos ocurridos el año pasado es claro que enfrenta problemas financieros y aun con ello, se derrochan millonarios recursos, para el deleite de personas de la alta sociedad. En esta ocasión se han manejado cifras para la organización de hasta 11 millones de pesos. Este baile no es abierto al público, solo podrán asistir las llamadas damas voluntarias y la venta de boletos es personalizada.
El DIF estatal es uno los organismos paraestatales, cuyos titulares han escapado de comparecer ante el Congreso del Estado, aunque solo por los recursos que manejan y el objetivo de su trabajo, debe ser de los primeros en la lista para rendir cuentas ante los diputados. En 2024 tuvo un presupuesto de mil 490 millones 409 mil pesos, mientras que en 2025 tiene autorizado 876 millones 846 mil 434 pesos. Su función es social.
Su presupuesto es mayor al de varias dependencias de gabinete como la Secretaría de Turismo (Sedetur), Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de las Mujeres. También es superior al ejercicio fiscal de seis de los siete órganos autónomos y por si fuera poco, de decenas de organismos paraestatales como la Universidad Autónoma de Quintana Roo y el Consejo de Promoción Turística.
Los propios trabajadores del DIF saben que el baile de damas se trata de un evento de derroche de recursos, pero son obligados a callar por temor a represalias.
El problema no es el fin del evento, es la falta de transparencia. Pueden traer a quien quieran, hasta al mismísimo Luis Miguel, que está de moda. La situación es la inexistente claridad en el manejo de los recursos.
Las responsables Verónica Lezama y Abril Sabido, que tienen el manto protector de María Elena Lezama, aun no aprenden la lección del año pasado, el escándalo que se hizo viral, incluso a nivel internacional: el zafarrancho en el evento del 2024, mientras Mijares entonaba “No se murió el amor”.
A Verónica Lezama hay la instrucción es librarla de cualquier escándalo, siendo la pagana en la mayoría de los casos Abril Sabido, de quien sus propios allegados hablan mal de ella y que también cuestionan su administración como directora. Pero en los informes es Verónica Lezama la que tiene todos los reflectores, sin mover casi ningún dedo.
La opacidad del DIF se presenta en todos los programas, así como en los “negocios” como la gasolinería de Kantunilkín y la panadería.
No solo en lo económico debe rendir cuentas el DIF estatal, sino también en cuanto al trato hacia sus trabajadores, pues el “gobierno humanista con corazón feminista”, al parecer tampoco existe en este organismo.
Ha trascendido que trabajadores con discapacidad son blanco de maltratos y humillaciones, tanto hombres como mujeres. Pese a la comprobada capacidad de muchos empleados son relegados como si se les estuviera haciendo un favor.
El DIF no solo maltrata sino revictimiza a las personas con discapacidad que forman parte de la plantilla laboral de la propia institución.
Hasta en los sueldos, los más bajos, se puede observar ese aire de humillación hacia este grupo vulnerable, que lo único que pide es igualdad de oportunidades para desarrollar sus habilidades y tener un medio de sustento, pues al igual que otros empleados también tienen familia que mantener.
Abril Sabido no ha podido superar el mal desempeño de María Elba Carranza Aguirre y Verónica Lezama tampoco ha hecho más que Gabriela Rejón de Joaquín. Las familias siguen quejándose de la falta de apoyo del DIF, pero al ser la figura de la institución pariente de la gobernadora, nadie se atreve a levantar la voz.
PAYO OBISPO
José Alberto Alonso Ovando terminó por convertirse en el verdugo de los quintanarroenses, primero estuvo en la Agencia de Proyecto Estratégicos (Agepro), desde el sexenio de Carlos Joaquín y ratificado por la actual gobernadora, y desde ahí identificó los terrenos de los que se pueden apropiar para lo intereses del grupo en el poder. Luego se ideó la ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio, que se opone a la Constitución Política de México, lo cual no importa para la Cuarta Transformación. Ahora lo nombran titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedatu) ¿Cómo se llama la obra? La 4T y los traidores en acción.
Por cierto este fue un trabajo que el chetumaleño Alonso Ovando inició desde el gobierno del yucateco Carlos Joaquín, a quien ayudó presuntamente a despojar de las tierras a sus legítimos dueños y esto le ha permitido brincar de sexenio.