Chetumal, Quintana Roo.- Pese a las precarias condiciones de higiene, seguridad, salud y hacinamiento en la que se encuentran los internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chetumal, el ombudsperson Marco Antonio Toh Euán, otorgó una calificación aprobatoria de 7.19 a esta cárcel. En la actualidad más de la mitad de los internos están infectados con Covid-19 o gripas severas, y se les ha negado la atención médica adecuada.
Según familiares de internos y fuentes del propio penal, el director de la cárcel Hugo Silva Solórzano, quien es originario del Estado de Morelos, les niega atención médica y solo cuentan con un recetario previamente firmado, mediante el cual un enfermero les escribe los medicamentos que deben tomar, sin una revisión por parte de un médico.
Según estimaciones de los propios internos unos 700 reos se encuentran infectados con el virus del Covid-19 y un número importante se encuentra en condiciones graves, no obstante se les tiene negada la atención médica bajo el argumento del propio Silva Solórzano “yo no los mandé a delinquir”.
La cárcel no cuenta con agua potable, en las celdas para tres personas viven siete, quienes quieren una “plancha” o cama de cemento tienen que pagar 2 mil 500 pesos, además de que la comida que reciben es de mala calidad.
Si las instalaciones sufren de algún daño este debe ser pagado por los internos sin importar su condición económica, hay falta de todo tipo de medicamentos, por lo que deben comprar los que venden ahí, por lo que tienen que pagar a veces hasta 70 pesos por cada pastilla que requieran.
Al parecer estos elementos no fueron tomados en cuenta por el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), Marco Antonio Toh Euán, toda vez que en el informe que la Comisión entregó a la Secretaría de Seguridad Pública destaca la calificación global de 7.12 para todas las prisiones del estado.
De este modo en el Cereso de Chetumal, recibió calificación de 7.19, en el caso de la cárcel de Cancún fue de 6.3, la calificación de 7.77 para Cozumel y 7.25 para la prisión del municipio de Solidaridad.
Según el informe que presentó Toh Eúan se evaluaron aspectos que garantizan la integridad física, estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social y grupos de personas con requerimientos específicos y se evidenció que en todos los centros se requiere el establecimiento de estrategias en la atención y cuidado a la salud de las personas privadas de la libertad.
De esta manera este informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos parece más una solicitud de empleo, por lo que solo se ve el interés por quedar bien con las autoridades estatales. Toh Euán concluye su periodo el próximo 26 de enero. (Capital News)
