Si El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) incumplió con la recomendación recibida por impedir el derecho a la lactancia de una madre extrabajadora y su hijo en horario laboral en el 2019.
Es probable haya comparecencia de autoridades directrices de la institución.
El 10 de junio Erendira Martínez Morales denunció haber sido despedida de manera injustificada por instrucción de la entonces directora general, María Elba Carranza Aguirre.
El haber amamantado semanas antes a su hijo recién nacido en una oficina indignó a la ex directora quien inició acoso laboral, hasta darle de baja.
Recurrió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana roo (Cdheqroo) y Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje (TLCA).
Posteriormente la víctima ingresó a trabajar al Ayuntamiento de Othón P. Blanco.
Aun así, Carranza Aguirre presionó al entonces presidente municipal, Othoniel Segovia Martínez, para le despidiera.
No le consiguió pese a tener el respaldo de la Secretaría de Gobierno (SG).
Por instrucción de la Cdheqroo, el 11 de julio pasado la directora del DIF emitió disculpa pública, pero la agredida le rechazó y anunció continuará el proceso pues hay otros nueve funcionarios involucrados, uno de ellos de alto nivel.
Al vencer el plazo establecido e incumplirse con los puntos establecidos en la recomendación, la Cdheqroo notificó al Congreso del Estado.
Dicho órgano iniciará el procedimiento correspondiente, que puede llevar a la comparecencia al titular de la institución.
El encargado del Despacho de la Cdheqroo, Vicente Nieto Bastida, precisó se trata solamente por la violación al derecho a la lactancia.
“La víctima señaló que no se le permitió dar lactancia su menor hijo en horario laboral, es un derecho que tiene las madres y el menor a recibir lactancia… Se cumplió el plazo para el cumplimiento de los puntos de la recomendación… Una vez viendo el término nosotros tenemos que dar vista al Congreso por el incumplimiento a la misma en cuanto a los puntos de la recomendación dictada”.
Los puntos no cumplidos refieren a la valoración psicológica y rehabilitación de la agraviada; reconocimiento del agravio y publicación en medios impresos.
También implementar medida de compensación como establece la Ley de Víctimas de Quintana Roo.
El proceso siguiente corresponde al Congreso del Estado.