Chetumal.- Toda persona reincidente en la negativa al uso del “cubre bocas” será sujeta a arresto administrativo en Othón P. Blanco.
Aunque esa medida es considerada unilateral y excesiva, que puede llevar a las autoridades a enfrentar procesos judiciales.
Aunque se había decretado que tal conducta incurre en falta administrativa, sancionable con pena corporal de 36 horas y multa de cinco mil 400 pesos, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco no le aplicaba.
Tras el exhorto enviado por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se determinó aplicarle.
El coordinador de dicho organismo, Miguel Ángel Pino Murillo, indicó que en Othón P. Blanco, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto no se cumplía con tal disposición.
Por tanto, se dispuso de la fuerza pública para obligar al uso del “cubre bocas” mediante métodos coercitivos.
La detención será el último recurso para concientizar al ciudadano sobre la necesidad de seguir las disposiciones para la contención del COVID-19.
La directora de conocida escuela de Derecho, Martha Morga Arias, dijo que tal acción es impugnable, porque trastoca las garantías individuales del ciudadano.
Será incluido en el análisis del cuerpo colegiado para determinar su viabilidad.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) se opone a tal medida.