CANCÚN, Q. Roo, 22 julio 2020.- Desde que la Contraloría era una Dirección, en el periodo de Julián Ricalde Magaña (2011-2013), Reyna Valdivia Arceo Rosado aprendió a cubrir la corrupción que caracterizó a esa administración, donde no solamente se acusó a Julio César Lara Martínez de corrupción, sino que se cubrió los malos manejos del tesorero de Gregorio Sánchez Martínez (2008-2011), Carlos Trigo Perdomo quien dos administraciones después fue acusado por presunto peculado.
Pero no solo eso, sino que Reyna Arceo ahora ocupa otra vez la Contraloría Municipal (2018-2021) y que de acuerdo con la nueva Ley Orgánica de la Administración Municipal no cumple con el perfil académico y solo cuenta con Carrera Comercial del Instituto Comercial Bancario de Mérida, Yucatán, o sea a nivel bachillerato.
El artículo 29 del Capítulo III del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Benito Juárez dicta que la instrucción académica debe estar relacionada también con el ramo de la administración pública del cual ejercerá la titularidad, que en el caso de la contralora tampoco se cumple, pues no cuenta con estudios de licenciatura.
O sea, la misma persona que debe de cumplir se obedezcan las leyes, reglamentos y bandos, es la misma que se encarga de violarlos, no solo teniendo a familiares en cargos públicos que la lleva al nepotismo, sino incumpliendo con la norma en su propio cargo.
EL SILENCIO DE REYNA TIENE PRECIO
A Reyna Arceo le tocó recibir la administración de Gregorio Sánchez Martínez, a la que no se le aplicó ningún tipo de auditoría, pese que la oposición exigía se revisaran las arcas de la comuna, pues se sospechaba de desvío de recursos; la contralora de la administración entrante en 2011, Reyna Arceo, no hizo nada.
También guardó silencio cuando fue detenido en el 2012 el subdirector de Ingresos del ayuntamiento Benito Juárez (2011-2013), Miguel Ángel Larios Alatorre quien luego salió libre bajo fianza, con del delito reclasificado por el juez.
Pero Reyna Arceo como Contralora no investigó la presunta extorsión a un empresario por parte del entonces funcionario, quien pretendió cambiar en el sistema un cobro. Pero como en el intento de cobro no hubo violencia, el juez Tercero Penal, Víctor Manuel Echeverría Tun, no tipificó el delito como tal y lo reclasificó como cohecho.
Ese no fue el único incidente, en ese entonces la queja de parte de los propios burócratas, fue la instrucción que en aquel entonces, dio como director de Catastro, Julio Cesar Lara Martínez al “corregir” en primera instancia valores catastrales por 156 millones 868 mil 781 pesos, que quedaron en 111 millones 606 mil 972 pesos, la diferencia es de 45 millones 261 mil 805 pesos desaparecidos de unos teclazos.
De acuerdo al oficio DM/2745/2012, del 17/09/2012, se cambiaron valores catastrales de 148 predios, sin incluir la hoja valuatoria correspondiente; sólo se anexó oficio firmado por el C. Rodrigo Ugalde, sin sello y firma de los encargados de inspección física, Luis Alfonzo Chávez Gutiérrez y el valuador Freddy Fernández Espadas.
Dos meses después, Julio Cesar Lara Martínez, según el oficio DCM/3094/12, del 18/10/2012, pidió nuevamente a Cortés Torres ocultar los valores catastrales asignados a 1,184 predios de una lista anexada de manera electrónica. En otras palabras, Lara Martínez dio instrucciones para ocultar diferentes valores históricos de contribuyentes y disminuir la base del cálculo del predial, sin el soporte que avalara el procedimiento, afectando así las finanzas municipales.