Cuando el Congreso del Estado, en 2017, se reunió para elegir a los magistrados del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, encargada de castigar actos de corrupción o abuso de autoridad, era de esperarse que elegirían a personas “a modo”, afines al actual gobierno panista; lo que no se esperaba era que la actual candidata a diputada, Lili Campos, usara su influencia como consejera jurídica para poner a su novio como magistrado, de forma fraudulenta, incluso confeccionando documentación apócrifa.
La elección de Fernando Gama Rodríguez como magistrado para el TJA rápidamente se volvió en escándalo, pues él no cumple con los 10 años de residencia que marcaba la convocatoria, toda vez que laboró en la Procuraduría Fiscal del Estado de México de 2008 a 2015, situación fácilmente verificable al revisar la página de transparencia de esa entidad. El caso estalló en la prensa y, ridiculizados, los diputados aseguraron que habían sido “engañados” y que quien debía responder por esta situación era el propio Gama Rodríguez.
El nuevo magistrado nunca lo hizo y los diputados, pese a saber que no cumplía con los requisitos y, peor, que había declarado en falso para obtener el cargo, nada hicieron. En los hechos, Quintana Roo cuenta con un juez anticorrupción corrupto, presuntamente culpable de falso testimonio, tráfico de influencias y graves faltas de honestidad, todas tipificadas y punibles por ley.
La inacción se entiende al descubrir que se trata de la pareja sentimental de Lili Campos, entonces consejera jurídica del Gobierno del Estado y ex suplente de la notaría de Cristina Torres. Fue ella quien orquestó esta fraudulenta operación, al hacer que una colaboradora, Kira Iris San, le expidiera un falso contrato de arrendamiento, el que fue dado por bueno por el entonces secretario general del Ayuntamiento de Solidaridad, Alberto Farfán Bravo, quien le expidió la requerida constancia de residencia.
Esta colaboradora, Kira Iris San, fue premiada con la suplencia de la candidatura de Lili Campos por el PAN para el Distrito 10.
A más de un año de estos hechos y con los elementos de la simulación a la vista de todos, el magistrado no ha sido destituido, ni ha sido presionado a renunciar; ni siquiera ha sido citado por el Congreso para aclarar su caso.
Por el contrario, los legisladores panistas como Eduardo Martínez Arcila, que también componen la Comisión Permanente de este partido, le dieron la candidatura por el Distrito 10 a su pareja, Lili Campos, pese a esta evidente falta de probidad y negros antecedentes, además de darle a la “falsa arrendadora” la suplencia de esta candidatura.
Cabe destacar que la asociación civil “Somos tus Ojos” interpuso una denuncia por estos hechos, quedando bajo la carpeta FGE/QR/OPB/03/1538/2018 y derivado a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Desde el del año pasado, pudieron corroborar con documentos la información consignada en las líneas de arriba, pero también, “inexplicablemente” han decidido no proceder y no llevar el caso ante un juez. Incluso, optaron por negarle acceso a la carpeta a la parte querellante, que ha tenido que recurrir a un amparo, todavía en vías de resolución.