Herlindo Vazquez
El juicio de amparo, de los pocos instrumentos que tiene el ciudadano para defenderse de las arbitrariedades del Estado, en riesgo de perderse. El régimen dictatorial de la 4T, impulsado más por Morena, pues el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ya se percató y lanza intentos por deslindarse, pero no le dejan; en su afán por desdibujar al Poder Judicial, mediante una reforma rechazada a nivel internacional por lo lesiva que es; va en contra de las garantías individuales del ciudadano.
Un expresidente que durante su gestión cada mañana, mediante discursos de odio, fomentó la polarización (“Estás conmigo eres bueno… En mi contra, malo”) en México; una sucesora entregada y en breve controlada a través del primogénito; un movimiento, que se mantiene así para que “sus dueños” nunca pierdan su control, y más abusivo que el Revolucionario Institucional (PRI) en sus tiempos hegemónicos e impositivos; una oposición desdibujada tendiente a cuidar las escasas prebendas; una clase política que solo cuida su futuro y población sin acceso a verdadera educación pública de calidad, esclavizada con dádivas clientelares.
Sin duda vendrá a la mente Cuba, Venezuela o Nicaragua… Naciones que viven bajo regímenes tiranizados, promovidos por “un maximato” que se escuda e intenta responsabilizar de las consecuencias de sus errores, a “los del pasado”.
México está en posibles vías de transitar hacia esos estadios… Por eso en Dinamarca, Harvard, Canadá y otros países, hay desde burlas hasta condenas por los riesgos contra la democracia y calidad de vida de su población.
Quizá más de 30 millones de mexicanos respaldan “la reforma judicial”, porque desde hace meses fueron inducidos con discursos demagógicos que se centraron en “la corrupción de funcionarios judiciales”, pero omitió las verdaderas fortalezas del Poder Judicial, que han costado mucho.
Ojalá no se den cuenta más adelante, al momento de requerir un amparo para combatir alguna unilateralidad.
Y es que el propio coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández, reconoció impulsan una iniciativa encaminada a impedir que las aprobaciones de los cuerpos colegiados sean inatacables y combatibles legalmente, pues para eso son “mayoría”.
En Quintana Roo la gobernadora María Elena “Mara” Lezama Espinosa, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Jorge Arturo Sanem Cervantes y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Heiden Cebada Rivas, ya trabajan en “la armonización” de la reformar judicial.
El 15 de marzo próximo fenece el plazo para concretarle. Sin duda, la prioridad es cumplir, pero sin perder los beneficios existentes y al mismo tiempo crear “una 4T estatal”.
Será que veremos a los integrantes del Consejo de la Judicatura Local en campaña durante 60 días? Esto por mencionar un apartado.
Aunque se trata de un caso de competencia federal, el del juez federal del Centro de Justicia Penal de Quintana Roo, quien logró la suspensión definitiva contra los efectos de la Reforma Judicial, les anticipa reto.
Porque el presidente de la Jugocopo ya anticipó que por las particularidades de Quintana Roo, la elaboración de las Leyes Secundarias de la reforma en cuestión, no será como la normatividad federal. ¿Entonces?
Retomando tal asunto, ingresado al Juzgado Quinto de Distrito el 11 de octubre reciente, antes de la insaculación del Senado de la República; identificado como 1014/2024, sienta precedente, pues no le frenó ni la impugnación del Consejo de la Judicatura Federal.
También ya vimos como la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que tal suspensión definitiva es improcedente contra reformas constitucionales, según lo establecido por la Ley de Amparo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
¡Curioso! El argumento de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, como se le denomina ahora, se fundamenta en el instrumento que pretenden desaparecer para imponer su propia Ley.