Por David Acosta
CHETUMAL, QR.- Hollywood está en la búsqueda de Raciel López Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien en menos de una semana resolvió el caso del enfermero Ramiro Cáceres López y en el que el gobierno encabezado por Mara Lezama ordena a quién se le da voz y a quién no.
La desaparición del enfermero desde el 13 de abril fue polémico por sí mismo, López Salazar se las arregló para hacerlo más controversial, pero sobre todo doloroso para los familiares.
Parientes, amigos y compañeros de trabajo de Ramiro, tuvieron que realizar una manifestación y un bloqueo en Chetumal para que la fiscalía, y demás autoridades, realizaran operativos efectivos de búsqueda, que finalmente desembocaron en la localización del cuerpo cinco días después, con un disparo en la cabeza. Antes no se pudo porque la propia FGE informó que no había combustible ni personal.
Ahora el caso se centra en lograr justicia por la muerte del enfermero, pero aunque parezca difícil de creer López Salazar ha salido con una versión, que solo él y el Gobierno del Estado creen, aún, sin conceder, que sea verdad.
La Fiscalía señala que el presunto responsable del homicidio Clemente fue el último en ver y estar con el enfermero, pues Ramiro le pidió auxilio para cambiar o reparar una llanta de su vehículo, después de ese encuentro ya nadie volvió a ver con vida.
Raciel López Salazar asegura que las “eficaces y eficientes” investigaciones de la institución lograron la detención del inculpado y que además hay pruebas firmes en su contra, un arma calibre nueve milímetros y unas placas de metal quemadas, que corresponden al vehículo incinerado del hoy occiso. Estas evidencias fueron halladas a través de un cateo de la vivienda del presunto responsable.
De acuerdo con el fiscal en el sitio del hallazgo del cuerpo fue encontrada un casquillo percutido que fue disparado con el arma ubicada en la casa de Clemente, hecho que se pudo constatar mediante pruebas de balística comparativa, según la versión de la fiscalía.
La información fue vertida por López Salazar durante la conferencia de la Mesa de Seguridad, pero para mala fortuna del fiscal pocos o nadie le cree, la pésima imagen no solo de falta de resultados, sino de corrupción ponen en entredicho a la institución, con respecto a la veracidad de sus pesquisas y generaran por el contrario, suspicacias de que se trata de un caso armado.
El supuesto trabajo de investigación realizado por la FGE es digno de una película de Hollywood, ya que ni siquiera el FBI realiza investigaciones en ese tiempo y menos con esa precisión.
En todo este entramado, el Gobierno del Estado se mantuvo al margen del caso de la desaparición del enfermero, incluso una pregunta sobre el tema molestó a Mara Lezama, durante un evento.
Pero a través de la Coordinación General de Comunicación, encabezada por Laura Aguilar Loredo, pidió a medios de comunicación que no le dieran voz a los familiares de Clemente. Es decir, aquí en Quintana Roo es la administración estatal la que decide a quién entrevistar y a quién no, atentando con ello la libertad de expresión.
Todo porque los familiares y amigos del hoy inculpado acusan que la FGE lo tiene como chivo expiatorio, además de que desnudaron posible tortura e irregularidades en el caso.
López Salazar se atrevió a decir que casos como el del enfermero no deben ser litigados en los medios, pero no cuestiona su propio actuar y el peso de todo el estado en contra de una persona, a la que ya casi dan por culpable, pese a las dudas y vacíos que hay sobre su presunta responsabilidad.
Lo que no dijo el fiscal y que si dijo la madre de Clemente, es que fue golpeado para obligarlo a declararse culpable, incluso es señalado por delitos contra la salud.
La población exige justicia por el asesinato de Ramiro, pero no a costa de la libertad de alguna persona inocente.
Cuando López Salazar llegó a la FGE el 26 de junio de 2023 como interino recibió la institución con un rezago de alrededor de 300 mil expedientes. Se le dio el beneficio de la duda para corregir la institución inundada de corrupción y dar resultados en procuración de justicia, por lo que el 24 de septiembre de ese mismo año fue ratificado como titular.
Fuentes al interior de la Fiscalía señalan que el sistema de trabajo no ha cambiado y por el contrario ha empeorado, los expedientes en rezago, y los que continúan acumulándose, están siendo mal integrados para darles salida y la corrupción sigue imperando.
De nada sirvió presumir, en septiembre de 2024, que dio de baja a 258 servidores públicos y realizó 515 cambios de adscripción.
A principios de este año cuatro altos funcionarios de la FGE, allegados a él, se autoasignaron un bono navideño por seis millones de pesos. El hecho se supo por publicaciones en los medios de comunicación y de lo cual el fiscal se deslindó.
El escándalo obligó a López Salar a actuar contra sus cuatro subalternos y nombrar a otros funcionarios de su confianza. La situación quedó solo en la apertura de carpetas de investigación.
Al tomar Raciel López las riendas en 2023 el presupuesto de la institución ascendió a más de 963 millones 697 mil pesos. El primer ejercicio fiscal (2024) que le fue autorizado alcanzó los mil 415 millones 967 mil pesos y el que actualmente ejerce, en 2025, es de mil 701 millones 997 mil pesos.
El crecimiento del presupuesto desde su llegada es del 70 por ciento y los resultados han sido deficientes, situación que han criticado legisladores estatales.
Para este año solicitó tres mil millones de pesos de ejercicio fiscal, pero ante la falta de resultados contundentes solo recibió del Congreso del Estado un incremento de cerca de 300 millones de pesos, con relación al 2024.