Por David Acosta
Lo único que quedó claro con la pérdida de los siete mil 705 millones de pesos por la prescripción de expedientes de denuncias por presunta corrupción contra el gobierno de Roberto Borge Angulo, fue que el gobierno de Mara Lezama protege al exgobernador Carlos Joaquín González.
El anuncio, en octubre de 2024, por parte de la Secretaría de la Contraloría (Secoes) y de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, por la pérdida de estos millonarios recursos, no llevó el caso a ningún lado, solo se trató de justificar el supuesto trabajo de esas dependencias. Más que un acto de investigación y de justicia, sonó a complicidad.
Del tema no se conocen avances, aunque se informó en su momento que se procedería a denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción.
De acuerdo con la contralora estatal, Reyna Arceo Rosado, los recursos que ya no se van a recuperar fueron producto de un presunto desfalco financiero en la administración de Roberto Borge.
Los expedientes de investigación fueron abiertos en la administración de Carlos Joaquín y es en ese mismo gobierno, a través de la Secretaría de la Contraloría, se dejaron prescribir.
La evidente negligencia fue anunciada dos años después del inicio de la presente administración de María Elena Lezama Espinosa con bombos y platillos, con el objetivo de que quede claro que la Cuarta Transformación si actuaría en consecuencia.
Sin embargo, la propia contralora cometió el error de “exonerar” a Carlos Joaquín de forma anticipada, al igual que el fiscal anticorrupción Edgar Ramírez Morales. Se les preguntó más de una vez en la conferencia que ofrecieron, en octubre pasado, y dejaron claro que el antecesor de Lezama Espinosa no figura entre los acusados, que solo se trata de mandos medios y superiores de la Secoes.
No se atrevieron a señalar siquiera al extitular de la Secoes, Rafael del Pozo Dergal. Fueron hasta cuidadosos en no mencionar el nombre de ambos exfuncionarios estatales en dicha conferencia, por voluntad propia.
Con la saña que Carlos Joaquín tomó venganza de todos aquellos relacionados con Roberto Borge, es difícil imaginar que el oriundo de Yucatán no estuviera al pendiente de esos expedientes y menos Rafael del Pozo Dergal, a quien le fue encomendado la investigación bajo el lema que fue símbolo de la pasada administración: “el que la hace la paga”.
Peor aún, en la administración de Carlos Joaquín no se movía un alfiler si éste no autorizaba, por lo que es claro que los expedientes se dejaron prescribir a propósito y por instrucciones del yucateco. Rafael del Pozo por tanto también está embarrado, pues fue estaba a cargo de la Secoes.
De la misma manera en la presente administración de la primera gobernadora tampoco se mueve nada si ella no gira la instrucción. Entonces no es de extrañar las indicaciones que recibió Reyna Arceo.
En esta pérdida de los siete mil 705 millones de pesos, no solo tiene responsabilidad Roberto Borge o Carlos Joaquín, sino el gobierno de la Cuarta Transformación que se está convirtiendo en cómplice.
Aquí vale preguntar: ¿Cuál es la razón por la que se protege a Carlos Joaquín? ¿Será porque ayudó a María Elena Lezama a ganar la gubernatura, es decir, es un pago de factura? ¿Será que fue instrucciones del hoy ciudadano Andrés Manuel López Obrador? ¿Será porque el yucateco aún es embajador? ¿A qué le teme el gobierno de Lezama Espinosa para excluir y no señalar al exgobernador? ¿Será una caja china?
Pero preocupa más que solo se hable de siete mil 705 millones de pesos, cuando en el sexenio de Carlos Joaquín se habló de más de 20 mil millones de pesos de pesos también de irregularidades, pero hasta ahora nadie sabe y nadie supo.
La protección de la 4T hacia el embajador de Canadá también se evidencia con los siete mil o nueve mil millones de pesos que dejó como pasivo circulante o deuda a corto plazo. El gobierno de Lezama Espinosa prefirió tomar el compromiso (que aún no termina de pagar) que realizar una investigación real para el deslinde de responsabilidades.
Los más grave de este entramado Borge-Joaquín-Lezama es que al final los que realmente salen perdiendo son los quintanarroenses. Mientras que los que se llevaron el dinero están disfrutando de las mieles del triunfo y por el momento el único encarcelado es Roberto Borge.
Las denuncias penales, en caso de interponerse, en manos de la Fiscalía Anticorrupción posiblemente arrojen detenidos y encarcelados, pero no serán los autores intelectuales.
Para el gobierno de la 4T aplica la frase popular: los carniceros de hoy serán las reses del mañana, tal como ocurrió con Carlos Joaquín.
PAYO OBISPO
La senadora panista Mayuli Martínez Simón tomó la tribuna de la Cámara de Alta para pedir la reparación de las carreteras del estado, la vía federal 307 Chetumal-Cancún, que atraviesa siete de once municipios y que fue destruida por los trabajos del Tren Maya, una obra que fue construida durante los gobiernos priistas y que hoy se encuentra intransitable. Ojalá que esta petición corra mejor suerte que la clínica del Issste en la capital de Quintana Roo, a la que se han hecho oídos sordos.